La responsabilidad penal de las personas jurídicas (sociedades mercantiles, fundaciones, asociaciones, etc.) introducida por la reforma del Código Penal en el año 2010 y confirmada por la reforma del año 2015, ha supuesto un cambio en el ámbito del derecho penal de la empresa, comportando que, cada vez más, las empresas comprendan la importancia de implementar una adecuada política de gestión de riesgos que se adecúe con los principios del buen gobierno corporativo y ética empresarial.
Respondemos a las necesidades de los clientes ofreciendo asesoramiento a todo tipo de empresas, fundaciones y asociaciones en la creación y mejora de sus procedimientos internos para la evaluación, detección y prevención de riesgos legales de todo tipo (y en particular de los riesgos penales), diseñando sistemas de Compliance (Planes de Prevención de Riesgos Penales) que incorporan las medidas de cumplimiento necesarias para minimizar los riesgos legales en general, y los riesgos penales, en particular, así como otros riesgos tan o más dañinos para las personas jurídicas, como el riesgo reputacional .
Asesoramos a nuestros clientes desde el inicio de la implementación del sistema de Compliance hasta la formación a los empleados y cargos directivos en la materia, asesoramiento también al órgano de supervisión en la ejecución de su cometido, así como en la creación de sistemas de whistleblowing como medida preventiva de riesgos.
Asimismo, ofrecemos asesoramiento a empresas extranjeras que necesitan adaptar sus procedimientos y protocolos internos a la normativa penal española.